El
Comité Directivo Estatal del PRI, sus legisladores locales y los regidores de la capital manifestaron su rechazo hacia las iniciativas del gobierno
del estado porque con ellas se pretende “endeudar anticipadamente a las
administraciones municipales, así como controlar y limitar los márgenes de
maniobra en el tema de los servicios públicos”.
En
conferencia de prensa, el Delegado Presidente Pablo Fernández del Campo indicó
que dichas propuestas son perjudiciales para la ciudadanía, por lo que
desaprobarlas es un acto de responsabilidad social.
“Las
decisiones que se toman tanto en el seno de la dirigencia estatal como con su
representación en el poder legislativo siempre están apegadas a derecho. Más
importante aún, tienen como fin último el beneficio de la sociedad”, acotó.
De
la misma manera, enfatizó que el PRI, por naturaleza, es un interlocutor
social. De ahí que con el gobierno del estado ni sana lejanía ni insana cercanía, sólo una relación meramente
institucional.
Fernández
del Campo señaló: No debemos equivocarnos: el PRI es un partido que, como el
resto de los institutos políticos, necesita del consenso con todos los actores
para encontrar soluciones a los problemas sociales.
Es
obligación de estos actores, agregó, hacer política sin que ello signifique que
uno se supedite al otro, o viceversa.
Señaló
que la obligación del PRI es erigirse como contrapeso de las decisiones que
afectan a los ciudadanos, y una muestra de ello es la decisión tomada por los
legisladores priístas en el Congreso local.
Finalmente,
el dirigente del Revolucionario Institucional refirió que los priístas
continuarán en busca de equilibrios, pero también de consensos que impacten directamente en la sociedad.
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